El informe elaborado por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) denuncia la confiscación y disolución de 30 universidades en Nicaragua entre 2021 y 2023, destacando las violaciones a los derechos humanos y la represión estatal contra el sector educativo.
Se sitúan los hechos en el contexto de los últimos seis años, describiendo una serie de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. Se destaca la represión estatal como un intento de imponer un discurso controvertido de “país en paz”, afectando la libertad de expresión y pensamiento. Se señala la aprobación de leyes represivas desde 2018, como la Ley 977 contra el lavado de activos, la Ley 147 de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, y la Ley 1115 de Regulación de Organismos sin Fines de Lucro, que permitieron la intervención y supervigilancia estatal.
El informe presenta una dolorosa revisión de la cancelación de cada universidad, resaltando el ritmo acelerado en 2022 y la conexión con la acción del Estado para ahogar a las instituciones mediante leyes y supervisión.
Se identifica la responsabilidad de altos funcionarios, incluyendo a Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ordenaron la cancelación. Se señala a Gustavo Porras, María Coronel Kinloch, Ramona Rodríguez, Wendy Morales, Maribel Duriez, Alba Luz Ramos, y Francisco Díaz como participantes en la ejecución y perfeccionamiento del ataque.
El informe detalla violaciones a la libertad de asociación, debido proceso, propiedad privada, educación superior, libertad académica y no discriminación. Se incluyen testimonios de estudiantes y trabajadores afectados, evidenciando la represión y la interferencia partidista en la educación.
Se proponen medidas para la recuperación de la autonomía universitaria, devolución de bienes confiscados, reparaciones económicas e indemnizatorias, restitución de cargos, reconocimiento de asociaciones, y reparaciones históricas. Se destaca la necesidad de derogar leyes represivas y promover programas transversales para abordar crímenes de lesa humanidad.
El CALIDH enfatiza que la cancelación de universidades no es un hecho común y llama a la comunidad internacional a considerar estos eventos como actos de terrorismo de Estado, buscando generar miedo y desamparo en la población nicaragüense.
El informe concluye con agradecimientos a los autores, respaldo internacional, medios de comunicación independientes, y a los afectados que compartieron sus testimonios.
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