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Informe: Disolución de las universalidades nicaragüenses y violaciones de derechos humanos

El informe del CALIDH revela la confiscación y disolución de 30 universidades en Nicaragua entre 2021 y 2023, resaltando violaciones a los derechos humanos y represión estatal. Describe el contexto histórico de crímenes de lesa humanidad, destacando leyes represivas desde 2018.

El informe elaborado por el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) denuncia la confiscación y disolución de 30 universidades en Nicaragua entre 2021 y 2023, destacando las violaciones a los derechos humanos y la represión estatal contra el sector educativo.

Se sitúan los hechos en el contexto de los últimos seis años, describiendo una serie de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales. Se destaca la represión estatal como un intento de imponer un discurso controvertido de “país en paz”, afectando la libertad de expresión y pensamiento. Se señala la aprobación de leyes represivas desde 2018, como la Ley 977 contra el lavado de activos, la Ley 147 de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, y la Ley 1115 de Regulación de Organismos sin Fines de Lucro, que permitieron la intervención y supervigilancia estatal.

El informe presenta una dolorosa revisión de la cancelación de cada universidad, resaltando el ritmo acelerado en 2022 y la conexión con la acción del Estado para ahogar a las instituciones mediante leyes y supervisión.

Se identifica la responsabilidad de altos funcionarios, incluyendo a Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ordenaron la cancelación. Se señala a Gustavo Porras, María Coronel Kinloch, Ramona Rodríguez, Wendy Morales, Maribel Duriez, Alba Luz Ramos, y Francisco Díaz como participantes en la ejecución y perfeccionamiento del ataque.

El informe detalla violaciones a la libertad de asociación, debido proceso, propiedad privada, educación superior, libertad académica y no discriminación. Se incluyen testimonios de estudiantes y trabajadores afectados, evidenciando la represión y la interferencia partidista en la educación.

Se proponen medidas para la recuperación de la autonomía universitaria, devolución de bienes confiscados, reparaciones económicas e indemnizatorias, restitución de cargos, reconocimiento de asociaciones, y reparaciones históricas. Se destaca la necesidad de derogar leyes represivas y promover programas transversales para abordar crímenes de lesa humanidad.

El CALIDH enfatiza que la cancelación de universidades no es un hecho común y llama a la comunidad internacional a considerar estos eventos como actos de terrorismo de Estado, buscando generar miedo y desamparo en la población nicaragüense.

El informe concluye con agradecimientos a los autores, respaldo internacional, medios de comunicación independientes, y a los afectados que compartieron sus testimonios.

 

Para más información, todos los documentos están disponibles para descargar al final de la página.

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