La Agenda de Juventudes es una declaración política de la Nueva Nicaragua que exigen las Juventudes y se constituye como una herramienta de incidencia y de exigencia de derechos ante espacios políticos, tomadores de decisión, sociedad civil y empresa privada, construido en un proceso ciudadano juvenil y colectivo horizontal.
La Agenda fue construida por un equipo multidisciplinario de jóvenes activistas y defensores de derechos humanos nicaragüenses entre ellos jóvenes de Unidad Juvenil y Somos Juventudes y gracias al aporte de 1839 jóvenes nicaragüenses de todo el país que fueron consultados entre 2020 y 2023 en un contexto de persecución, asedio, represión, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos y centenares de personas reas de conciencia, incluidos jóvenes y estudiantes.
Esta Agenda contiene estrategias y líneas de acción para recuperar las libertades ciudadanas a corto plazo, pero también construir políticas públicas de juventud en un país con mínimas libertades, democracia y estado de derecho. Es el reflejo de la Unión en la Acción donde jóvenes de todos los sectores sociales, económicos, políticos y religiosos trabajaron en plasmar en un documento sus demandas ante el Estado y la sociedad.
El proceso de consulta parte del concepto de Juventudes entendiéndose como la gran diversidad heterogénea de poblaciones jóvenes, que se reconocen como tal de acuerdo con su edad, etnia, cultura, posición socioeconómica, educativa, de salud, capacidades, género y origen geográfico; el término Juventudes propone situar a las Juventudes como sujetos de y con derechos individuales y colectivos, protagonistas de los procesos económicos, políticos, ambientales, culturales y sociales de la sociedad, con necesidades diferenciadas dadas a sus situaciones de vida, insuficiencias, intereses y trayectorias. En el proceso de consulta y construcción tuvieron en cuenta a todas las interseccionalidades del sujeto político joven relevantes en el desarrollo de políticas públicas de las juventudes.
Esta Agenda está formada por distintas estrategias y cada una de ellas acompañadas con unas rigurosas líneas de acción en una diversidad de ejes temáticos los cuales son: Participación Juvenil y Democratización; Educación; Salud; Inserción y Desarrollo Económico de las Juventudes; Medio Ambiente; Arte, Cultura y Deporte y Justicia y Seguridad Integral.
Puede encontrar y descargar la Agenda completa al final del post.
Respecto a la Participación Juvenil y Democratización, se puede afirmar que la participación de las juventudes es un derecho garantizado en el art. 5 inciso 11 en la Ley 392; al mismo tiempo un recurso del Estado para enriquecer las políticas públicas y los Planes de Desarrollo Humano, sin embargo, los últimos datos disponibles de fuente pública son del 2009.
Sin embargo, los últimos datos disponibles se incluyen dentro del informe de El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre Desarrollo Humano (ENAJ-INDH: 2009), el cual revela que la participación de adolescentes y jóvenes se concentraba alrededor de las actividades deportivas, religiosas y en menor medida, estudiantiles y culturales. Solo el 6.3% de los jóvenes reconoce participar en partidos políticos y sindicatos; expresiones tradicionales de participación política.
De acuerdo con datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, las personas jóvenes del país experimentan una tendencia a estar menos integradas a las organizaciones formales.
El informe Nacional sobre Desarrollo Humano del PNUD (2011) advierte que el 52% de los jóvenes y adolescentes entre los 13 y 17 años no participan en ninguna acción colectiva u organizada, mientras que entre los 18 y 24 años se registra un 54.5% y un 60.8% entre las edades de 25 y 29 años.
Además, según el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, desarrollado por el PNUD, el 54.5% de los jóvenes de entre los 18 y 24 años no participa en organizaciones políticas.
La participación real y efectiva de las y los jóvenes es imprescindible para el desarrollo económico del país, el reconocimiento de la capacidad de cambio y su potencial organizativo debe reflejarse en las estadísticas nacionales de medición del uso de tiempo, modalidades de participación y asociatividad de las personas jóvenes.
El objetivo de las Juventudes en este eje estratégico es fomentar oportunidades para que las y los adolescentes y juventudes participen de manera activa, informada y responsable en espacios de toma de decisión, a su vez, para que la responsabilidad llevada por jóvenes se materialice en funcionarios y servidores públicos jóvenes.
Respecto a la educación, en Nicaragua se reconoce el derecho a una educación libre e igualitaria en el artículo 121 de la constitución política. A su vez, en el capítulo VI, de la Ley 392: Ley de promoción del desarrollo integral de la juventud, se contempla que “Las y los jóvenes tienen derecho a la educación, la cual será accesible para su formación plena e integral, que les permita una información académica o técnica, lo mismo que la libertad de escoger su carrera profesional o vocacional”.
En Nicaragua el gasto social del gobierno central ejecutado en el área de educación en el 2018 fue de 9,1%, y a pesar de ello, la cobertura de la educación es bastante limitada, ya que, cuatro de cada diez adolescentes se encuentran fuera del sistema educativo, de acuerdo con los registros de matrícula en instituciones educativas.
Además, según la Agenda existen grandes diferencias en las tasas de matrícula entre la niñez, que incluye los rangos de edad de 6 a 12 años y adolescentes de 13 a 17 años, lo que indica que las inversiones en educación en los primeros años no se están aprovechando al máximo en la adolescencia, provocando un impacto negativo en las oportunidades que tendrán las personas durante el resto de sus vidas.
La educación universitaria registró un crecimiento superior al 16% comparado con el año 2015, y aunque el país no cuente con cifras de deserción universitaria, se estima que tiene que ver factores ligados a pobreza y falta de recursos económicos que no permite el desarrollo de ciudadanos/as como sujetos de derechos y responsabilidades, con potenciales y actitudes de superación personal y colectiva.
En la consulta que realizaron para la construcción de esta agenda se identificaron necesidades de origen estructural, que tienen que ver con la respuesta por parte del Estado para suplir las necesidades en materia de calidad, acceso y articulación de esfuerzos para el desarrollo de esta materia y a su vez, impulsar el progreso del país.
Una de las necesidades mayormente mencionadas en el proceso de consulta, fue en el área de infraestructura y acceso a centros educativos, desde las zonas rurales, hasta el mejoramiento de centros en el casco urbano: “En materia de educación, desde los jóvenes que somos de las zonas rurales, una de las diferencias sería la siguiente, mientras en el casco urbano la exigencia es autonomía, aquí es que haya educación, que llegue. Mientras en la ciudad hay una amplia cartera y una diversidad de carreras universitarias y oferta académica, aquí en las zonas rurales no tenemos eso, por lo que tenemos que viajar largas distancias, abandonar nuestros hogares, abandonar nuestras familias, para poder estudiar, necesitamos más carreras en los recintos universitarios de las zonas rurales” (Joven, participante de grupo focal).
La escasa inversión en educación se puede evidenciar en el mal estado de las aulas de clases, número de aulas ineficientes por la cantidad de alumnos y alumnas: “Es por ello que tienes a una docente dándole clases a más de 40 chavalos y chavalas y llega de manera rutinaria y lógicamente no se mide de manera cualitativa el aprendizaje del estudiante” (Joven participante de grupo focal).
En Nicaragua, el tramo de escolarización obligatorio se extiende por siete años desde el tercer año del nivel preescolar hasta el sexto grado de primaria, el cual es asumido por el estado. No obstante, este es el país latinoamericano con menor cantidad de años de escolarización obligatoria.
Nicaragua tras los hechos ocurridos en 2018, ha sufrido una significativa pérdida de libertades académicas, deterioro de la autonomía universitaria y de la calidad académica producto de cooptación del sistema educativo por parte del Estado, quien ha demostrado renuncia a cumplir sus compromisos internacionales de derechos humanos y dirigiendo represalias contra todas aquellas personas consideradas opositoras por el gobierno que incluyen: detenciones y judicialización arbitraria, la expulsión de las universidades estatales, eliminación total de sus registros académicos, la prohibición al derecho de expresión, reunión y asociación, así como la criminalización del derecho a la protesta, todo esto como una represalia del Estado por pensar diferente y por la labor de defensoría de derechos humanos.
