El informe elaborado por la Unidad Juvenil (UJE) y el Observatorio para la Libertad Académica en Nicaragua (OLAN) con el apoyo del fondo de Innovación para el Cambio (I4C) de la Red Argentina para la Cooperación Internacional (RACI) denuncia y revela las transgresiones a la libertad académica y el impacto en la vida de las víctimas en Nicaragua entre 2018 y 2023.
Se sitúan los hechos en el contexto de los últimos años, describiendo la vulneración de la libertad académica y de la autonomía universitaria que existe en Nicaragua desde 2018 hasta la actualidad. A su vez, el informe determina el impacto en la vida de las víctimas directas de la transgresión de la libertad académica en Nicaragua.
El informe declara que Nicaragua es uno de los países donde la libertad académica y la autonomía universitaria se ha visto más vulnerada ya que desde 2018 las universidades han sido blanco de ataque y represión por parte del Estado.
Se afirma que este derecho cumple con una función habilitante y, por tanto, vincula a otros derechos como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, el derecho de reunión, el derecho de libertad de conciencia y de religión, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley, el derecho a los beneficios de la cultura y el progreso científico, así como los derechos laborales y sindicales. Como consecuencia, estos otros derechos también se ven afectados o limitados.
Se identifica que tales hechos forman parte de un contexto más amplio de regresión, cierre del espacio cívico y, por tanto, un debilitamiento de la democracia. Además, muchas de estas vulneraciones no son sistemáticamente documentadas lo que limita el acceso a la justicia.
UJE y OLAN afirman que queda constatada la violación del derecho a la libertad académica como consecuencia de distintas acciones llevadas a cabo por el Estado, como son presiones políticas a estudiantes y docentes universitarios, la criminalización de las protestas a través del encarcelamiento, enjuiciamiento y asesinato a estudiantes al igual que la limitación de la investigación académica y docencia. Se añade que otro hecho que preocupa es que el propio marco normativo relativo a la educación y autonomía universitaria se ha convertido en un instrumento que facilita y respalda estos hechos volviéndolos legítimos y creando desprotección total a la población educativa en el país.
El informe concluye con el impacto en la vida de las víctimas de estas violaciones, el cual es muy grave, ya que sufren traumas físicos y psicológicos, pérdida de oportunidades educativas y laborales, estigma y discriminación social y falta de acceso a la justicia y a la reparación. A su vez, muchos estudiantes han tenido que abandonar sus estudios, sus familias y sus comunidades por temor a las represalias del gobierno.
Para más información, el informe completo elaborado por UJE y OLAN está disponible para descargar al final de la página.
